Por: Marco A. Mares
El sistema financiero mexicano, tanto por el lado privado, en el que operan las instituciones de capital privado, como por el plano gubernamental, con todas las autoridades del sector, está viviendo uno de los episodios más difíciles de su historia.
La acusación y sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos: Intercam, CI Banco y Vector, por presuntos nexos con los cárteles de las drogas, está sometiendo a una intensa prueba de estrés a la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
El caso se registra en uno de los momentos de mayor escalamiento de los señalamientos y acusaciones desde Estados Unidos en contra de México por la operación de las organizaciones de narcotraficantes que ya son considerados como terroristas en aquel país.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha logrado numerosos e importantes golpes en su combate al narco, en Estados Unidos, desde el presidente Donald Trump y hacia abajo, funcionarios de su gobierno, e influyentes legisladores, han subido de tono sus acusaciones.
El proyectil lanzado desde Estados Unidos en contra de tres objetivos específicos del sistema financiero mexicano impactó de inmediato en la reputación general del sector. Ha generado incertidumbre.
Y por supuesto ya impactó en los dos bancos acusados.
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El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda difundió una posición clara: el Tesoro de EU no ha entregado pruebas. Sin embargo las autoridades nacionales están dispuestas a coordinarse y colaborar, como lo ha reiterado la Jefa del Ejecutivo, sin subordinación.
Menos de 24 horas después, las autoridades financieras anunciaron la intervención gerencial de los dos bancos involucrados: CI Banco e Intercam.
Por la noche, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó la intervención gerencial de la casa de bolsa Vector.
La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) presidida por Alvaro García Pimentel, por la mañana dejó claro que los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo al estar depositados en la S. D. Indeval.
El comunicado en el que se anuncia la intervención gerencial de los bancos salió membretado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el Banco de México (BM).
La prioridad de las autoridades financieras fue proteger el ahorro y las inversiones de los clientes de los dos bancos involucrados.
El dinero de los ahorradores está protegido por el seguro bancario de 400 mil Udis, equivalente a 3.4 millones de pesos.
El gobierno mexicano decidió actuar rápido para proteger a los ahorradores de los dos bancos involucrados.
La Asociación de Bancos de México presidida por Emilio Romano, en un comunicado destacó que los 2 bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no tienen una condición sistémica.
Esto quiere decir que aun y cuando entraran en problemas tales instituciones no podrían generar una crisis de todo el sistema financiero.
De acuerdo con datos del director de Tendencias, Carlos López Jones la captación de Intercam y de CiBanco, es de alrededor de 87 mil 600 millones de pesos.
Tales cantidades sumadas, apenas representan el 1% de la captación total de la banca. En consecuencia no representan un riesgo sistémico.
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en su conferencia mañanera que su gobierno no ha recibido información probatoria de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de las instituciones financieras mexicanas.
Recalcó que en caso de recibirla actuaría incluso con sanciones penales.
El gobierno mexicano está actuando prudente y eficientemente. La intervención gerencial es preventiva.
Este episodio, sin duda, es uno de los más turbulentos para el sistema financiero mexicano y para la relación bilateral México-Estados Unidos. Veremos.
