El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un proyecto de ley que castiga las búsquedas en línea de información oficialmente catalogada como extremista. Esta es la última de una serie de medidas de las autoridades para reforzar el control de internet.

La legislación, aprobada por ambas cámaras del parlamento a principios de este mes, castiga con una multa de hasta 60 dólares lo que describe como búsqueda y acceso deliberados a materiales extremistas en línea.

En Rusia, la definición oficial de actividad extremista es extremadamente amplia e incluye a grupos de oposición como la Fundación Anticorrupción, creada por el difunto líder opositor Alexei Navalny, y el “movimiento internacional LGBTQ+”.

Funcionarios y legisladores afirmaron que los usuarios comunes de internet no se verán afectados y que solo se perseguirá a quienes busquen metódicamente contenido ilegal. No explicaron cómo las autoridades diferenciarán entre ellos.

Los rusos utilizan ampliamente los servicios de VPN para acceder a contenido prohibido, pero las autoridades han buscado endurecer las restricciones y cerrar las lagunas legales. El organismo estatal de control de las comunicaciones ha utilizado cada vez más la tecnología para analizar el tráfico y bloquear protocolos VPN específicos.

Las autoridades rusas han intensificado su represión multifacética contra la disidencia tras el envío de tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces, la censura en línea y los procesos judiciales por publicaciones y comentarios en redes sociales se han disparado.

Múltiples medios de comunicación independientes y grupos de derechos humanos han sido clausurados, etiquetados como agentes extranjeros o ilegalizados por ser indeseables. Cientos de activistas y críticos del Kremlin han enfrentado cargos penales.