Es oficial, Estados Unidos pedirá a partir de mediados de agosto que las algunas personas que quieran ingresar al país como turistas o en viajes de negocios deberán pagar una fianza de hasta 15 mil dólares como condición para obtener su visa.

Esta medida aplicará únicamente a ciudadanos de países que tengan altas tasas de estadías ilegales, problemas de verificación de identidad o programas de ciudadanía por inversión sin residencia.

Así lo informó el Departamento de Estado publicando la norma en el Federal Register, confirmando el arranque de un programa piloto de 12 meses que busca evaluar la viabilidad de imponer este tipo de fianzas de forma más generalizada en el futuro.

Pero también señalan que este requisito aplica solo para solicitantes de visa tipo B‑1/B‑2, es decir, quienes viajan por motivos de negocios o placer. No incluye estudiantes, migrantes, ni personas en tránsito. Tampoco afecta a los países que están dentro del Visa Waiver Program (como España, Alemania o Japón).

El programa forma parte de la política migratoria del segundo mandato de Donald Trump, quien firmó en enero de este año la Orden Ejecutiva 14159: “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”. En ese documento se afirma que los turistas que se quedan de manera ilegal en Estados Unidos representan una amenaza para la seguridad nacional”.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 510 mil personas se quedaron en el país más allá del tiempo permitido durante el año fiscal 2023.

Con la fianza, las autoridades buscan mandar un mensaje a los países cuyos ciudadanos abusan de la visa de turismo o cuyos gobiernos no tienen sistemas confiables para verificar identidad y antecedentes.

Aunque todavía no se ha publicado la lista oficial de países afectados, la regla indica que se seleccionarán aquellos con altas tasas de overstay, es decir, personas que se quedan más tiempo del autorizado; que tengan sistemas deficientes en verificación de identidad y antecedentes penales; con una ciudadanía por inversión (CBI) sin requerir residencia previa. La lista de países será publicada al menos 15 días antes de que comience la medida en travel.state.gov

Los funcionarios consulares podrán pedir tres montos distintos, dependiendo del perfil del solicitante: $5,000 USD, $10,000 USD y $15,000 USD

El monto más común será $10,000, aunque se puede aumentar si el oficial considera que existe alto riesgo de que la persona no regrese a su país. El depósito se pagará en línea a través de la plataforma oficial y solo se devolverá si el viajero cumple con su salida antes del vencimiento de la visa.

La visa, además, tendrá validez por una sola entrada y máximo 30 días de estadía, aunque normalmente se otorgan por seis meses.

Por ahora, México está excluido, ya que la norma indica que el análisis se basa en datos del año fiscal 2023 y excluye a Canadá, México y países del programa de exención de visa. Sin embargo, la lista puede modificarse durante el año del piloto, por lo que no se descarta que México pueda ser incluido si se detectan tasas altas de estadías ilegales en próximos reportes.

El Departamento de Estado calcula que durante el primer año del piloto, alrededor de 2,000 personas deberán pagar la fianza. Esto representa un ingreso temporal estimado de 20 millones de dólares, que podrían ser devueltos si los viajeros cumplen las condiciones.

Aunque por ahora es un experimento, la medida podría extenderse si el gobierno considera que funciona. También se perfila como una herramienta diplomática para presionar a otros países a mejorar sus controles migratorios.