Fue autorizada por la Cámara de Diputados de Brasil una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influencer.

Esta ley obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones. La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs. La oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer censurar las plataformas.

Esta nueva ley fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales.

Señalaron que de ahora en adelante, las redes deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual a las autoridades brasileñas.

También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quienes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas.

El parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos.

Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a unos 9 millones de dólares, suspensiones o, en casos de reincidencia, prohibición.

La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales.

El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra la desinformación.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto.