Al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, han sido desterrados de ese país en medio de la tensa relación entre el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el clero católico, denunció este domingo la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Mediante el informe titulado Fe bajo fuego en como se dio a conocer esta cifra, resultado de la persecución religiosa contra la Iglesia católica nicaragüenses, señaló esa ONG.

Además del titular del Episcopado, han sido expulsados u obligados al exilio los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y cerca de 140 sacerdotes de las diferentes diócesis de Nicaragua.

La lista también incluye más de 90 religiosas o monjas, más de una decena de seminaristas y tres diáconos, de acuerdo con la información.

Y es que desde la expulsión del nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, en marzo de 2022, las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano se han deteriorado significativamente, valoró esa ONG.

Según el informe, el Gobierno sandinista ha cerrado 5.609 asociaciones sin fines de lucro, de ellas 1.294 religiosas, entre 2018 y 2025.

A la mayoría de esas ONG religiosas, que funcionaban como iglesias, universidades, colegios, centros de formación religiosa, clínicas, organizaciones humanitarias, las autoridades les confiscaron sus bienes, anotó ese Colectivo.

El estatal Instituto de Telecomunicaciones, ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, de los cuales 22 eran de carácter religioso, entre canales de televisión y emisoras de radio.

La represión ha alcanzado a otras denominaciones religiosas, a través del cierre de universidades, y la desaparición forzada y criminalización de pastores y líderes evangélicos, el control sobre los templos y de las actividades religiosas, de acuerdo con el documento.

Además se ha dado censura de medios evangélicos, presión fiscal, cierre de asociaciones y confiscación de bienes, la cancelación de la personalidad jurídica de la iglesia Morava, y la actual detención del pastor Rudy Palacios.

Según ese Colectivo, hay un uso sistemático del poder estatal para eliminar la independencia de las iglesias y limitar su rol social y espiritual en la vida pública del país.

En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como una dictadura grosera el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena por traición a la patria del obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión, ahora exiliado y desnacionalizado.

Ortega, a su vez, disolvió y expropió a la Compañía de Jesús – conocidos como los jesuitas-, orden a la que pertenecía el sumo pontífice, y también ha calificado de “mafia” y antidemocrática a la Iglesia.