La fiscalía de Brasil imputó al diputado Eduardo Bolsonaro por coacción debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El exmandatario fue condenado este mes a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes con que conseguiría de las autoridades estadounidenses sanciones (…) si el proceso no acababa como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.

Las amenazas eran inequívocas y consistentes y buscaron someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales, agregó.

También fue imputado el influenciador Paulo Figueiredo, por los mismos motivos. En cambio, la fiscalía desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro. La inculpación se conoció el mismo día en que Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Brasil.

Trump ya impuso aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas en represalia a lo que consideró una caza de brujas contra su aliado Bolsonaro.

Su gobierno también castigó a varios altos funcionarios por el juicio. Tras la sentencia del supremo contra Bolsonaro, la Casa Blanca había amenazado a Brasil con nuevas medidas.

Washington sancionó a la esposa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que condujo el juicio contra Bolsonaro, así como a una empresa propiedad de su familia.

En paralelo, al ser interrogado sobre reportes de prensa de que su visa fue revocada, el defensor general del Estado, Jorge Messias, dijo recibir sin recelo la medida dirigida contra él, sin dar más detalles.

Además de la esposa del juez Moraes, Viviane Barci, fue penalizada la consultora Lex – Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en Sao Paulo.

Las sanciones aplicadas en el marco de la ley Magnitsky implican que Viviane Barci y la empresa Lex no podrán efectuar ninguna actividad económica que involucre a un ciudadano o empresa estadounidense, así como el bloqueo de activos y la suspensión del visado.