El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, obtuvo la reelección en el Parlamento, según el recuento oficial.

El líder del Partido Bhumjaithai consiguió 293 votos, superando la mayoría requerida de los 498 miembros que asistieron a la sesión en la Cámara de Representantes.

Se espera que Anutin asuma el cargo pocos días después de recibir el nombramiento formal del rey Maha Vajiralongkorn, y se prevé que el nuevo gabinete sea designado en las próximas semanas.

El Partido Bhumjaithai de Anutin obtuvo 191 escaños en las elecciones generales de febrero, según los resultados oficiales, y desde entonces ha formado una coalición con varios partidos para constituir una mayoría de gobierno. Entre sus socios se encuentra el partido populista Pheu Thai, que quedó en tercer lugar con 74 escaños.

El Partido Popular Progresista, que quedó en segundo lugar con 120 escaños, ha declarado que no se unirá al gobierno liderado por Bhumjaithai. El líder del partido, Natthaphong Ruengpanyawut, recibió 119 votos tras ser nominado en lo que el partido calificó como una contienda meramente simbólica.

Anutin y Natthaphong figuraban entre los 86 legisladores que se abstuvieron de votar. Anutin, de 59 años, asumió el cargo de primer ministro en septiembre, tras haber formado parte del gabinete de su predecesor inmediato, Paetongtarn Shinawatra, quien fue destituido por una violación ética relacionada con la mala gestión de las relaciones con Camboya. Anutin disolvió el Parlamento en diciembre para convocar elecciones anticipadas tras ser amenazado con una moción de censura.

Desde entonces, ha experimentado un aumento de popularidad tras presentarse como defensor de la nación durante el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, lo que reforzó el sentimiento nacionalista entre los votantes.

Tailandia se enfrentó a Camboya en dos ocasiones el año pasado por disputas territoriales a lo largo de su frontera.

Otra incertidumbre política surgió después de que el Tribunal Constitucional anunciara el miércoles que dictaminaría si las elecciones del mes pasado debían ser invalidadas.

El caso se origina a raíz de una petición presentada por la Oficina del Defensor del Pueblo contra la Comisión Electoral, alegando que la inclusión de códigos de barras y códigos QR en las papeletas podría comprometer el anonimato del votante, en violación de las leyes electorales que exigen el voto secreto.