El Senado de la República recibió el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, elaborado por la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, con el objetivo de consolidar una institución basada en evidencia, priorización y resultados.

La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, informó al Pleno que el documento fue turnado a la Comisión de Justicia desde el pasado 16 de abril para su análisis.

El Plan destaca que, tras un diagnóstico institucional, se identificó la necesidad de impulsar un cambio de fondo en la procuración de justicia, no solo en procedimientos, sino en la visión integral de la función ministerial.

En este sentido, subraya que la labor de la Fiscalía incide directamente en la gobernabilidad del país, lo que obliga a actuar con profesionalismo, transparencia, imparcialidad y eficiencia, a fin de poner las herramientas institucionales al servicio de la ciudadanía.

El documento plantea una institución acorde a los retos actuales, enfocada en investigaciones científicas y multidisciplinarias, así como en la coordinación obligatoria con otras instancias de seguridad y justicia, en atención a las demandas de víctimas, familias y sociedad.

Para ello, propone el desarrollo de un nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia sustentado en el uso de la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico, con el objetivo de fortalecer la eficacia en el combate a la impunidad.

Entre los ejes estratégicos destacan la reestructuración de la Fiscalía para garantizar una administración eficiente, transparente y orientada al servicio del pueblo; la coordinación con fiscalías locales y autoridades del Gabinete de Seguridad; y el fortalecimiento de las fiscalías en las entidades federativas.

Asimismo, contempla la modernización de la Agencia de Investigación Criminal, la priorización de delitos de alto impacto, y la implementación de estrategias nacionales para atender problemáticas como la extorsión, la búsqueda de personas y la violencia contra las mujeres.

El Plan también coloca a las víctimas en el centro de la actuación institucional, además de reforzar el combate a la corrupción y los mecanismos de rendición de cuentas.

“Solo mediante la aplicación firme y humana de la ley lograremos transformar la incertidumbre en el estado de derecho que nuestra nación demanda. La procuración de justicia no puede esperar”, enfatiza el documento.