La relación entre México y Estados Unidos entra en una fase de alta tensión luego de que el diario Los Angeles Times revelara que la administración del presidente Donald Trump prepara una ofensiva sin precedentes contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.

De acuerdo con el reporte, la estrategia iría más allá de la cancelación de visas y contemplaría la presentación de acusaciones formales en cortes federales estadounidenses contra funcionarios, incluidos integrantes del partido gobernante Morena.

El mensaje fue reforzado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien durante un evento en Sinaloa —epicentro histórico del narcotráfico— lanzó una advertencia directa: los inversionistas internacionales exigen certeza jurídica y un entorno libre de corrupción.

“El camino hacia un futuro seguro pasa por la seguridad energética. La energía no solo es combustible: es poder, seguridad y soberanía”, declaró el diplomático, al subrayar que ninguna empresa arriesgará capital en países donde no existan reglas claras ni rendición de cuentas.

Según el medio estadounidense, esta ofensiva podría apoyarse en testimonios de figuras clave del narcotráfico que actualmente enfrentan procesos en Estados Unidos, como los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quienes se encuentran detenidos en Chicago y han firmado acuerdos de culpabilidad. Las autoridades estadounidenses considerarían que varios de estos detenidos estarían dispuestos a colaborar como informantes a cambio de beneficios legales.

El reporte también señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya habría revocado visas a diversos funcionarios mexicanos, entre ellos figuras de alto nivel. Se menciona el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha rechazado cualquier vínculo con el crimen organizado, así como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien hasta el momento no ha emitido postura pública tras la publicación.

Este endurecimiento de la postura estadounidense ocurre en un contexto clave: las negociaciones comerciales en América del Norte y la presión de Washington para garantizar condiciones de inversión seguras. Analistas advierten que el factor económico podría ser utilizado como palanca para exigir acciones concretas contra la corrupción en México.

De confirmarse estas medidas, la estrategia de Estados Unidos marcaría un giro radical al utilizar su sistema judicial como herramienta de política exterior, lo que podría detonar una ola de procesos penales contra funcionarios mexicanos y redefinir la relación bilateral en materia de seguridad, justicia y cooperación internacional.