El Gobierno de José Antonio Kast desató una nueva polémica tras impulsar una reforma que obligaría a hospitales, escuelas y diversas instituciones públicas y privadas a compartir información de migrantes irregulares con las autoridades.

La propuesta forma parte de un proyecto para endurecer las expulsiones administrativas y permitiría solicitar datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico de extranjeros sujetos a procesos migratorios.

Actualmente, más de 330 mil personas viven de manera irregular en Chile, la mayoría de origen venezolano, según cifras oficiales. Kast defendió la iniciativa argumentando que el Estado necesita ordenar el uso de servicios públicos como salud y educación.

“El sistema ya no alcanza para cubrir todas las prestaciones”, afirmó el mandatario, quien llegó al poder con un discurso de mano dura contra la migración irregular y el crimen.

Aunque el Ministerio del Interior aseguró que no se perseguirá a menores de edad, organizaciones civiles y sectores opositores advirtieron que la medida podría provocar temor entre familias migrantes y limitar el acceso a servicios básicos.

Desde el inicio de su gobierno, Kast ha endurecido las políticas migratorias con operativos, vuelos de deportación y hasta la construcción de una zanja en el desierto de Atacama para frenar el ingreso ilegal al país.