El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negó de manera oficial que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cuenten con un permiso migratorio especial conocido como parole, con lo que desmintió versiones difundidas previamente sobre un supuesto beneficio tras la cancelación de visas.

La respuesta fue emitida por correo electrónico a una solicitud formal de información y precisó que ninguno de los dos mandatarios estatales ha sido beneficiado con dicho mecanismo, el cual permite la entrada o permanencia temporal en territorio estadounidense por razones de interés público o seguridad nacional, y cuya autorización recae únicamente en instancias como USCIS, CBP e ICE.

El pronunciamiento surge luego de que un reportaje periodístico señalara la presunta revocación de visas a ambos gobernadores y, de manera paralela, la supuesta asignación de un permiso especial para ingresar a Estados Unidos, versión que generó una amplia discusión pública en medios de comunicación.

De acuerdo con la investigación citada, se habrían registrado movimientos migratorios relacionados con uno de los mandatarios, aunque sin confirmarse la existencia de procesos judiciales o indagatorias formales en su contra.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina, donde calificó como “apócrifas” las versiones difundidas y sostuvo que provienen de campañas impulsadas por sectores de la ultraderecha en México y Estados Unidos.

La mandataria afirmó que estas narrativas buscan generar afectaciones políticas y tensiones en la relación bilateral, particularmente en un escenario electoral tanto en Estados Unidos como en México, y descartó que exista una postura oficial coordinada del gobierno estadounidense en ese sentido.

Sheinbaum también señaló que algunos medios internacionales han contribuido a la difusión de versiones críticas hacia México, mientras reiteró que el gobierno federal mantiene una relación institucional basada en el diálogo con la administración estadounidense.

El caso se da en un contexto de mayor presión en materia de seguridad y combate al crimen organizado, en el que el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su discurso contra redes delictivas en México y ha abierto procesos contra diversos actores políticos.

En paralelo, autoridades estadounidenses han reiterado que la revisión de visas es un proceso continuo que puede modificarse en cualquier momento si surge información nueva, sin que ello implique necesariamente la existencia de investigaciones judiciales abiertas.