La presión de Estados Unidos sobre las redes de apoyo al narcotráfico en México continúa escalando. Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene como objetivo a funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con actividades de protección al Cártel de Sinaloa.

Durante una entrevista difundida en el programa American Thought Leaders, la funcionaria afirmó que las autoridades estadounidenses concentran sus esfuerzos en un grupo al que denominó “clan Culiacán”, integrado, según sus declaraciones, por funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados de favorecer las operaciones de las facciones criminales conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Carter sostuvo que Washington busca demostrar que cumplirá sus advertencias contra quienes colaboren con organizaciones delictivas, al considerar que la credibilidad de las acciones estadounidenses es fundamental para mantener la cooperación regional en materia de seguridad.

Las declaraciones se producen mientras avanza en Nueva York un proceso judicial contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios acusados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Las autoridades estadounidenses señalan que los implicados podrían enfrentar penas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.

La funcionaria también destacó la cooperación bilateral entre ambos países en operativos recientes contra el crimen organizado y reconoció el intercambio de inteligencia que ha permitido ejecutar capturas, extradiciones y acciones de alto impacto contra grupos criminales.

Por su parte, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas suficientes. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México continuará solicitando evidencias que respalden los señalamientos realizados por Washington, al tiempo que defendió el respeto a los procedimientos legales establecidos en el tratado de extradición vigente entre ambas naciones.

El caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, en medio de una estrategia cada vez más agresiva por parte de Washington para combatir a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.