El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en 10 provincias y tres municipios del país, como respuesta al recrudecimiento de la violencia atribuida a organizaciones del crimen organizado y al narcotráfico, que en los últimos meses han intensificado sus operaciones en diversas regiones.

La medida tendrá una vigencia de 60 días y autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en coordinación con la Policía Nacional. Asimismo, contempla la suspensión temporal de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el objetivo de facilitar operativos de inteligencia, allanamientos y acciones contra grupos delictivos.

De acuerdo con el decreto oficial, entre el 1 de mayo y el 12 de junio se registraron 879 homicidios en las zonas incluidas en la declaratoria, cifra que evidencia el aumento de la violencia relacionada con disputas entre bandas criminales por el control de rutas del narcotráfico, extorsiones, secuestros y otros delitos de alto impacto.

El gobierno señaló que existe una “reconfiguración criminal” en provincias costeras estratégicas como Guayas, Manabí y El Oro, consideradas puntos clave para el envío de cargamentos de droga hacia Norteamérica y Europa. También alertó sobre el fortalecimiento de estructuras delictivas en regiones andinas y amazónicas, donde operan grupos armados con presuntos vínculos internacionales que buscan expandir su presencia en el país.

Desde que asumió la presidencia, Noboa ha mantenido una política de mano dura contra las organizaciones criminales, declarando un “conflicto armado interno” y catalogando a varias bandas como grupos terroristas. Sin embargo, pese a los operativos y la captura de cientos de presuntos integrantes de estas organizaciones, los niveles de violencia continúan siendo motivo de preocupación.

Diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han manifestado inquietud por el uso recurrente de los estados de excepción, al advertir que estas medidas extraordinarias deben aplicarse bajo estrictos controles para evitar abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales de la población, al tiempo que han pedido fortalecer las estrategias de prevención y combate integral al crimen organizado.