La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció que su administración prepara una demanda por miles de millones de dólares contra el gobierno federal, luego de que saliera a la luz que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) presuntamente permitieron el ingreso de cargamentos de fentanilo como parte de investigaciones contra organizaciones criminales.

De acuerdo con las denuncias, entre 2023 y 2025 la agencia federal monitoreó diversos envíos de droga sin decomisarlos de inmediato, con el propósito de identificar a integrantes de redes de narcotráfico y fortalecer procesos penales. Uno de los casos más graves involucra un cargamento de 1.8 millones de pastillas de fentanilo detectado en marzo de este año y que, según las acusaciones, no fue interceptado.

La mandataria calificó la estrategia como “inmoral” y aseguró que el estado no puede aceptar que la población haya sido expuesta a una droga responsable de miles de muertes por sobredosis. Mientras a nivel nacional los fallecimientos por esta causa disminuyeron durante el último año, en Nuevo México aumentaron 21 por ciento.

El fiscal general del estado abrió una investigación para determinar si funcionarios federales incurrieron en violaciones a la ley al permitir el tránsito de los cargamentos. Por su parte, la DEA solicitó al Departamento de Justicia realizar una investigación independiente para esclarecer los hechos, mientras que la Casa Blanca aún no ha fijado una postura oficial sobre las acusaciones.

El caso ha desatado un fuerte debate en Estados Unidos sobre los límites de las operaciones encubiertas contra el narcotráfico y la responsabilidad de las autoridades cuando este tipo de estrategias representa un riesgo para la población.