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La defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa solicitó que cumpla su condena en un centro médico penitenciario debido a su estado de salud.

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada García solicitó a la Corte Federal de Estados Unidos que, en caso de ser sentenciado a cadena perpetua, sea recluido en una instalación médica del sistema penitenciario federal y no en la prisión de máxima seguridad donde cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En un escrito dirigido al juez Brian M. Cogan, los abogados argumentaron que el presunto líder del Cártel de Sinaloa, de 76 años, enfrenta diversos problemas de salud relacionados con su edad, por lo que requiere atención médica permanente en un centro especializado. Aunque los padecimientos fueron incluidos en la documentación presentada, permanecen bajo reserva.

La defensa aclaró que no busca un trato preferencial ni una reducción en las medidas de seguridad, sino garantizar que Zambada reciba atención médica adecuada durante el cumplimiento de su condena.

Como parte de su estrategia legal, los abogados contrastaron la postura de su cliente con la de “El Chapo” Guzmán. Señalaron que, mientras Guzmán enfrentó un juicio y apeló su sentencia, Zambada decidió declararse culpable, renunciar a recursos legales y aceptar la pena de cadena perpetua, además de colaborar con las autoridades estadounidenses.

El documento también sostiene que el acusado ha permanecido cerca de dos años en aislamiento sin presentar inconformidades, por lo que enviarlo a la misma prisión que su antiguo socio enviaría un mensaje negativo para futuros acusados dispuestos a cooperar con la justicia.

Asimismo, la defensa retomó su versión sobre la captura de Zambada, al asegurar que fue engañado con el pretexto de mediar un conflicto político en Sinaloa y posteriormente secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien presuntamente lo trasladó por la fuerza a territorio estadounidense.

Finalmente, los abogados aseguraron que Zambada expresó arrepentimiento por la violencia atribuida a la organización criminal y por el impacto del narcotráfico, además de presentar cartas de apoyo de personas que, según la defensa, reconocen acciones de ayuda realizadas por el acusado en su comunidad.

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