Un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció graves violaciones a los derechos humanos dentro del centro de detención Camp East Montana, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la base militar de Fort Bliss, Texas.

El documento, resultado de una investigación de cinco meses y basado en entrevistas con 71 personas migrantes retenidas en la instalación, señala que aproximadamente el 90 por ciento de los entrevistados afirmó haber sido víctima de agresiones físicas por parte del personal de seguridad o haber presenciado golpes contra otros detenidos.

De acuerdo con el reporte, los migrantes describieron un ambiente marcado por la falta de atención médica adecuada, alimentos en mal estado, condiciones de higiene deficientes, aislamiento prolongado y obstáculos para comunicarse con familiares, representantes legales o defensores de derechos humanos.

Los testimonios recopilados también señalan que algunos detenidos permanecieron durante semanas con acceso limitado a actividades al aire libre, luz solar y espacios de recreación, además de reportar instalaciones insalubres con baños en malas condiciones y falta de artículos básicos de higiene.

La investigación advierte que varios migrantes habrían sido presionados para abandonar sus solicitudes migratorias y aceptar procesos de deportación, incluso hacia terceros países, bajo supuestas amenazas de violencia, sanciones penales o periodos indefinidos de detención.

Human Rights Watch y la ACLU señalaron que, en algunos casos, las prácticas denunciadas podrían constituir posibles desapariciones forzadas, una situación que representaría una violación a las normas internacionales de derechos humanos.

El informe también recordó que desde la apertura de Camp East Montana en 2025 se han registrado al menos tres muertes de personas detenidas dentro de las instalaciones. Las organizaciones denunciaron que, pese al cambio de la empresa encargada de administrar el centro, continúan las deficiencias relacionadas con el uso de la fuerza, la supervisión del personal, la atención médica y las condiciones de alojamiento.

Además, el reporte cuestionó la falta de mecanismos suficientes de vigilancia y transparencia, al señalar que las personas detenidas enfrentan dificultades para denunciar abusos o acceder a acompañamiento legal durante sus procesos migratorios.

Ante los señalamientos, Human Rights Watch y la ACLU solicitaron al gobierno estadounidense el cierre de Camp East Montana, así como la realización de investigaciones independientes sobre las denuncias de abuso, negligencia médica, uso excesivo de la fuerza y fallecimientos bajo custodia.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que las personas migrantes detenidas deben recibir un trato digno y contar con garantías legales, sin importar su situación migratoria.