El crimen organizado encontró nuevas rutas para mover dinero ilícito a través del mundo digital. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó que las organizaciones criminales están utilizando criptomonedas para transferir miles de millones de dólares mediante complejas redes de fraude y lavado de dinero.

De acuerdo con el organismo, el uso delictivo de activos virtuales se volvió más sofisticado durante el último año, especialmente mediante las llamadas stablecoins, monedas digitales diseñadas para mantener un valor estable y que ahora son aprovechadas por algunos grupos para dificultar el rastreo de fondos.

El informe señala que muchas redes criminales ya no operan con esquemas aislados, sino mediante estructuras internacionales que combinan tecnología, plataformas digitales y fraudes de inversión para ocultar el origen de sus recursos.

El GAFI destacó que, aunque ha aumentado el número de países que cumplen sus recomendaciones contra el lavado de dinero, aún existen grandes vacíos regulatorios. En abril de 2026, solo 51 de 149 jurisdicciones evaluadas cumplían ampliamente con los estándares internacionales para controlar los riesgos relacionados con criptomonedas.

Una de las principales preocupaciones es que algunos grupos delictivos estarían creando activos digitales propios o utilizando mecanismos difíciles de congelar e incautar, lo que representa un nuevo desafío para autoridades financieras y empresas tecnológicas.

El organismo internacional advirtió que la diferencia entre las regulaciones de cada país facilita que las organizaciones criminales busquen territorios con controles más débiles para mover sus operaciones.

Aunque el GAFI aclaró que las criptomonedas no son utilizadas únicamente con fines ilegales, señaló que la velocidad, alcance global y complejidad del mercado digital han abierto nuevas oportunidades para quienes buscan ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Las autoridades internacionales ahora enfrentan el reto de fortalecer la vigilancia financiera y mejorar la cooperación entre países para frenar una nueva generación de delitos impulsados por la tecnología.