La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, anunció que iniciará un proceso de análisis para impulsar reformas que permitan cumplir las directrices del presidente Daniel Ortega, quien planteó la prohibición de futuras elecciones generales en el país.

El Parlamento informó que trabajará junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para establecer los cambios “constitucionales, legales y formales” que, según el gobierno, garantizarán la estabilidad y continuidad de sus políticas.

La decisión generó críticas de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, que señalaron que la medida representa un nuevo retroceso democrático y una concentración del poder en manos del Ejecutivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de mostrar su “verdadera naturaleza autoritaria” y llamó a la comunidad internacional a ejercer presión diplomática contra el gobierno nicaragüense.

Por su parte, Costa Rica expresó preocupación por el cierre de espacios cívicos y la persecución contra opositores, mientras Panamá anunció consultas con su embajador en Managua tras las declaraciones del mandatario.

La oposición nicaragüense pidió apoyo internacional para evitar que el gobierno continúe actuando con impunidad y exigió acciones para abrir una ruta hacia la democracia.

Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 junto a su esposa Rosario Murillo, enfrenta desde hace años acusaciones de persecución política, restricciones a la oposición y debilitamiento de las instituciones electorales.