El gobierno de Cuba anunció una amplia apertura de su economía al permitir la participación de capital privado en sectores que durante décadas estuvieron reservados al Estado, como gasolineras, farmacias, energías renovables, residencias para adultos mayores y parte de las actividades portuarias y mineras.

Las medidas fueron aprobadas por el Parlamento como parte de un paquete de reformas destinado a enfrentar la profunda crisis económica que atraviesa la isla, marcada por la escasez de alimentos, combustible, medicamentos y los constantes apagones.

Las autoridades cubanas atribuyeron parte de la situación a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluyen el embargo económico vigente desde hace más de seis décadas, además de nuevas restricciones comerciales y energéticas aplicadas durante la administración del presidente Donald Trump.

El primer ministro Manuel Marrero reconoció que siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron el país debido a las presiones de Washington, lo que provocó el cierre de cerca del 73 por ciento de las instalaciones hoteleras y dejó en riesgo alrededor de 25 mil empleos vinculados al sector turístico.

Con esta reforma, el gobierno busca atraer inversiones y reactivar áreas clave de la economía, en un intento por contener la crisis que enfrenta la isla y recuperar parte de su actividad productiva y turística.