Un tribunal penal de Damasco condenó a muerte al exdictador sirio Bashar al-Ásad, derrocado en diciembre de 2024 y actualmente exiliado en Moscú, al declararlo responsable de graves delitos cometidos durante su gobierno, entre ellos asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad.

La sentencia fue dictada en rebeldía por el Tribunal Penal número 4 de Damasco. Junto con Al-Ásad también fueron condenadas a muerte otras ocho personas vinculadas con el antiguo régimen, entre ellas su hermano Maher al-Ásad y su primo Atef Najib, quien fue jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa y el único de los condenados presente durante la audiencia.

El juez Fakhr al Din al Uryan señaló que Bashar al-Ásad tuvo la máxima responsabilidad en la toma de decisiones y utilizó las instituciones del Estado para ejecutar acciones represivas contra la población.

El caso está directamente relacionado con el levantamiento iniciado en Deraa en 2011, cuando las protestas contra el régimen fueron reprimidas violentamente y posteriormente derivaron en una guerra que se prolongó durante 14 años.

En el caso de Atef Najib, el tribunal determinó que participó en interrogatorios y torturas de detenidos, además de estar involucrado en los operativos contra manifestantes que se concentraban en la mezquita Omari de Deraa, uno de los principales símbolos de las primeras protestas antigubernamentales.

Najib fue detenido el 31 de enero de 2025, después de permanecer oculto durante años. Las autoridades también lo responsabilizan de haber ordenado la detención y tortura de menores que realizaron pintas contra el gobierno, hecho que contribuyó a detonar las primeras movilizaciones.

El proceso comenzó el pasado 26 de abril en Damasco y ha celebrado nueve audiencias. Se trata del primer juicio de alto perfil realizado durante la etapa de justicia transicional en Siria y del primer procesamiento público de un antiguo funcionario de seguridad por la represión de las protestas de 2011.

La audiencia contó con la presencia del Fiscal General Hasan al Turbeh, integrantes de la Comisión de Justicia Transicional, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales y familiares de víctimas.

Con esta sentencia, Siria abre uno de los procesos judiciales más relevantes de su nueva etapa política, al llevar ante los tribunales a figuras centrales del antiguo régimen por la represión y los crímenes cometidos durante el conflicto.