Washington impuso sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional y a un alto funcionario, mientras la Administración Trump busca limitar las operaciones del organismo.
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones a su presidenta, Tomoko Akane, y al alto abogado de sala Abdoulaye Seye, acusándolos de participar directamente en investigaciones y procesos contra personas cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción del tribunal.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien calificó a la CPI como un organismo “corrupto y politizado” y sostuvo que ha excedido sus atribuciones al intentar ejercer autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han ratificado el Estatuto de Roma.
Washington ha criticado reiteradamente las actuaciones de la CPI, particularmente sus investigaciones relacionadas con Israel. En noviembre de 2024, el tribunal emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por hechos relacionados con la guerra en Gaza.
La CPI respondió que las nuevas sanciones representan una amenaza para el Estado de derecho y advirtió que presionar a funcionarios judiciales por aplicar la legislación pone en riesgo el orden jurídico internacional.
La Administración Trump también ha planteado nuevas medidas contra el tribunal, entre ellas ampliar las sanciones, revocar visados y establecer restricciones de viaje para integrantes de la organización. Estados Unidos ya había sancionado anteriormente a jueces y otros funcionarios de la CPI.
