Se realizarán operativos para localizar y deportar a migrantes en situación irregular, una medida que marca un giro frente a la política migratoria de los últimos gobiernos.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar operativos policiales para localizar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular, con prioridad para quienes estén vinculados con la comisión de delitos.
Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el mandatario afirmó que los operativos deberán comenzar esta misma semana y sostuvo que su administración no permitirá que personas extranjeras en situación irregular cometan delitos en territorio colombiano.
“Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, declaró De la Espriella, quien acompañó su anuncio con el llamado “primero los colombianos”.
La medida tendría un impacto particularmente importante entre la comunidad venezolana, que representa cerca del 90 por ciento de la población migrante en Colombia. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 2.8 millones de venezolanos viven en el país y unos 848 mil se encuentran en situación irregular; de ellos, aproximadamente 193 mil son niñas, niños y adolescentes.
El anuncio representa un cambio respecto a la política aplicada por Colombia desde el inicio de la crisis migratoria venezolana en 2015. Durante los últimos años, el país implementó mecanismos de regularización y atención para millones de venezolanos, convirtiéndose en uno de los principales receptores de esta población.
Especialistas y sectores de oposición han cuestionado la nueva estrategia. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advirtió que equiparar la irregularidad migratoria con la criminalidad puede contribuir a estigmatizar a los migrantes y generar un cambio de paradigma en la política colombiana.
La oposición también alertó sobre el riesgo de que las nuevas medidas alimenten la xenofobia y conviertan a la población migrante en un blanco de la inconformidad social.
Con esta decisión, el gobierno de De la Espriella se acerca a las políticas migratorias restrictivas impulsadas por gobiernos de derecha y ultraderecha en otros países del continente, aunque especialistas advierten que la situación colombiana tiene particularidades debido a su extensa frontera con Venezuela y a la compleja relación entre ambos países.
