Las misiones internacionales de médicos cubanos, consideradas por el gobierno de La Habana como una de sus principales formas de cooperación, enfrentan nuevos cuestionamientos por denuncias de explotación laboral, trabajo forzoso y restricciones a los derechos de los profesionales.

El caso cobró relevancia después de que Angola destinara 71.3 millones de euros para contratar hasta mil 102 médicos especialistas cubanos. Sin embargo, los recursos son entregados a la Corporación Antillana Exportadora (Antex), empresa controlada por el gobierno cubano, y no directamente a los profesionales.

De acuerdo con cifras oficiales de Cuba, más de 600 mil trabajadores sanitarios han participado en misiones en unos 165 países desde 1963. Para mayo pasado, más de 16 mil profesionales permanecían desplegados en medio centenar de naciones.

Las principales denuncias apuntan a la retención de salarios, control de documentos, restricciones para viajar o abandonar los países de destino y vigilancia sobre las actividades y relaciones personales de los médicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial analizaron en 2026 testimonios de profesionales y concluyeron que, en determinados casos, existen indicadores de trabajo forzoso y posibles elementos de trata de personas.

Las acusaciones también han llegado a tribunales de Estados Unidos. Cuatro médicos cubanos demandaron a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su participación en el programa Más Médicos, mediante el cual profesionales de la isla fueron enviados a Brasil. Una corte de apelaciones permitió que el proceso avance a la etapa de obtención de pruebas, sin determinar que la OPS haya participado en trata de personas.

Organizaciones como Human Rights Foundation y Archivo Cuba también han cuestionado el modelo y señalado los ingresos que representa para el gobierno cubano la exportación de trabajadores especializados.

En contraste, La Habana rechaza las acusaciones y asegura que forman parte de una campaña de Estados Unidos y sus aliados para desacreditar sus programas de cooperación. El gobierno cubano sostiene que la participación de los profesionales es voluntaria y se realiza conforme a la legislación.