Reforma constitucional prohíbe a partidos opositores participar en elecciones y amplía de seis a siete años los mandatos de los principales cargos públicos.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera instancia una polémica reforma constitucional que restringe la participación de partidos de oposición en los procesos electorales y amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La modificación, respaldada por la pareja presidencial, deberá ser sometida a una segunda votación a partir del 18 de enero, debido a que la legislación nicaragüense establece que las reformas constitucionales deben aprobarse en dos sesiones legislativas diferentes.
Además de ampliar el periodo presidencial, la reforma extiende de seis a siete años los mandatos de otros funcionarios electos, así como de los jefes del Ejército y la Policía. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que los cambios fueron aprobados de manera unánime durante una sesión especial realizada en la ciudad de León.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas y han concentrado un amplio control sobre las instituciones del Estado. La situación se profundizó después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, de acuerdo con Naciones Unidas.
Tras aquella crisis, miles de nicaragüenses abandonaron el país, entre ellos dirigentes opositores, periodistas, intelectuales y religiosos. Algunos fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”, debilitando prácticamente por completo a la oposición interna.
Los sectores opositores en el exilio consideran que la nueva reforma busca asegurar la continuidad del poder en manos de la familia Ortega-Murillo. La medida se suma a los cuestionamientos internacionales que enfrenta el gobierno nicaragüense y a las críticas de Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
El pasado 19 de julio, Ortega declaró que “no habrá más elecciones” para impedir que la oposición llegue nuevamente al poder. En 2024, el oficialismo ya había aprobado cambios constitucionales que elevaron a Murillo de vicepresidenta a copresidenta y ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años, además de aplazar los comicios previstos originalmente para este año hasta 2027.
