El Senado de Brasil aprobó por amplia mayoría una reforma constitucional impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con la que busca fortalecer la estrategia nacional contra el crimen organizado, ampliar las facultades del Gobierno federal y establecer sanciones más severas para los integrantes de las principales organizaciones criminales del país.

La iniciativa, que ahora está lista para su promulgación por el Congreso, permitirá crear un Ministerio de Seguridad Pública, una de las principales promesas de campaña de Lula para su cuarto mandato. También contempla mayores recursos para combatir la violencia y una coordinación más estrecha entre las autoridades federales y estatales.

Entre los cambios destaca el endurecimiento de las condiciones penales para líderes y miembros de facciones criminales, quienes podrán enfrentar prisión en centros de máxima seguridad y el decomiso de sus bienes. Estas organizaciones mantienen presencia en distintas regiones de Brasil, particularmente en las favelas de Río de Janeiro y São Paulo.

Sin embargo, los legisladores dejaron fuera la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal, actualmente establecida en 18 años. La oposición planteaba bajarla a 16 años de manera general y a 14 para delitos graves, una medida impulsada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El tema será discutido por separado.

La aprobación representa un avance político para Lula, quien convirtió la seguridad en uno de los asuntos centrales de su campaña, en un contexto donde la delincuencia figura entre las principales preocupaciones de la población brasileña.

El debate cobró mayor fuerza tras el operativo policial realizado contra el Comando Vermelho en dos favelas de Río de Janeiro, que dejó más de 120 muertos hace un año y se convirtió en la incursión más letal en la historia del país. Mientras sectores de la derecha calificaron el despliegue como un éxito, Lula lo condenó y lo describió como una matanza.

La reforma también se discute en medio de las tensiones por la clasificación de las principales facciones brasileñas, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, una decisión rechazada por el Gobierno de Lula ante posibles implicaciones para la soberanía nacional.