La Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió al Senado mexicano modificar la reforma fiscal contemplada en el Paquete Económico 2027, al advertir que las restricciones propuestas al Impuesto sobre la Renta (ISR) podrían afectar las inversiones, el empleo y la competitividad de México.

Mediante una carta dirigida al senador Miguel Ángel Yunes, el organismo empresarial señaló que, aunque la iniciativa busca combatir la evasión fiscal y las prácticas abusivas, algunas de sus disposiciones también podrían perjudicar a compañías que cumplen con sus obligaciones y mantienen operaciones productivas en territorio mexicano.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en las limitaciones a las deducciones de gastos empresariales, pues podrían provocar que las compañías paguen impuestos sobre una base gravable superior a sus ganancias reales, incluso cuando tengan gastos indispensables en nómina, logística, inventarios, arrendamientos y producción.

La organización advirtió que esta situación afectaría especialmente a empresas con altos costos operativos y márgenes de utilidad reducidos, además de encarecer sus operaciones y limitar sus posibilidades de expansión, contratación y modernización.

Entre las medidas más cuestionadas también se encuentra la propuesta de reducir de 30 a 20 por ciento el límite para deducir intereses netos, así como restringir el aprovechamiento de pérdidas fiscales al 50 por ciento del ingreso gravable. Según la Cámara, estos cambios elevarían los costos de financiamiento y modificarían las condiciones bajo las cuales se realizaron inversiones de largo plazo.

Asimismo, expresó preocupación por las nuevas reglas para deducir pagos a residentes en el extranjero y los posibles conflictos de doble tributación en operaciones entre México y Estados Unidos.

Ante este panorama, el organismo solicitó conservar el límite actual de deducción de intereses, proteger los gastos operativos legítimos y permitir el aprovechamiento de las pérdidas fiscales generadas antes de la entrada en vigor de la reforma.

Finalmente, sostuvo que fortalecer las finanzas públicas no debe significar sacrificar el atractivo de México para los inversionistas, pues ambos objetivos pueden alcanzarse sin afectar a las empresas que operan legalmente en el país.