Diputados de oposición y legisladores disidentes del oficialismo en Paraguay presentaron una solicitud formal para iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, tras la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, que mantiene sin acceso a sus cuentas a cerca de tres millones de clientes.

Los legisladores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo entregaron la documentación ante la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Además, solicitaron convocar a una sesión extraordinaria este jueves 5 de noviembre para discutir el procedimiento. La iniciativa cuenta con el respaldo de 35 firmas.

La controversia surgió luego de que el Banco Central de Paraguay ordenara intervenir Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital, lo que provocó la suspensión de sus operaciones y el cierre de sucursales, mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos. La institución cuenta con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes.

Uno de los señalamientos contra Peña es un posible conflicto de intereses, debido a que anteriormente tuvo participación accionaria en un grupo empresarial vinculado al banco, del que se desvinculó en 2025. Los promotores del juicio también cuestionan su evolución patrimonial y lo acusan de presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Para que el proceso avance, la Cámara de Diputados deberá dar trámite a la acusación y posteriormente el Senado tendría que resolver el juicio político. La destitución de los mandatarios requeriría el respaldo de al menos 30 de los 45 senadores.

El escándalo representa un nuevo desafío para el gobierno de Peña y podría tener repercusiones políticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, particularmente para el Partido Colorado, al que pertenece el mandatario.