Como cereza al pastel en cuestión de escándalos, Argentina suma un nuevo episodio, esto luego de que el gobierno de Javier Milei utilizara términos ofensivos y discriminatorios como “idiota”, “imbécil” y “retardado” para referirse a personas con discapacidad intelectual en un documento oficial.

Esto sucede mientras se busca establecer clasificaciones para medir los “grados de discapacidad”, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión a quienes la solicitan, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La resolución fue firmada por Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS y exabogado personal del presidente argentino, utiliza una terminología obsoleta y peyorativa que se abandonó hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria.

Además, se enmarca en una política de ajuste que busca reducir el gasto público mediante la baja de al menos 200 mil pensiones por discapacidad.

Las palabras “Idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos grupos de personas con alguna discapacidad cognitiva o psíquica, términos obsoletos y ofensivos, que además mide a través de pruebas de Coeficiente Intelectual, una medición cuestionada por expertos.

La resolución establece los siguientes “rangos”, que se citan textualmente según el CI que presenten:

0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero.

30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.

50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.

RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.

Ana Dones, portavoz de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), denunció en diálogo con el medio argentino Página/12 que esta medida representa un retroceso.

“Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos y grafica lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”, dijo.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también expresó su repudio, señalando que el uso de esta terminología contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, denunciaron.

Hace un año, el gobierno de Milei restableció la vigencia de un decreto de los años 90 para clasificar los distintos grados de discapacidad, en el que reincorporó la palabra invalidez que también había quedado obsoleta desde 2004. Ante la ola de críticas por este incidente, el gobierno de Milei ha anunciado que modificará el texto de la norma.