Señalaron que sus acciones representan una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial.
Dieron a conocer que un grupo de exfuncionarios de Estados Unidos, republicanos y demócratas, alertó en una carta abierta sobre el abuso del poder” del presidente Donald Trump para vengarse de sus críticos después de que este retirara las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.
En la carta se incluyen unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, abogado especial de Trump en su primer mandato, y otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos especializados en seguridad nacional, que aluden a dos memorandos ejecutivos de Trump de principios de abril dirigidos a personas específicas.
Los memorandos castigaban a Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, por rechazar que las elecciones de 2020 fueran “robadas”, y a Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, por diseminar de falsedades en un libro bajo seudónimo crítico con Trump.
Señalan que estas acciones ejecutivas representan una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas, dicen los firmantes, que consideran que Trump ataca la libertad de expresión de esos exfuncionarios y le instan a revocar las medidas.
Además sostienen que Trump rompe con presidentes de ambos signos políticos que han evitado incluso la apariencia de irregularidad o influencia, lo vinculan con episodios hoy vergonzosos de Estados Unidos como la lista de enemigos de Richard Nixon y, advierten, va en el camino de la autocracia, no la democracia.
Trump, mientras, anunció en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas regulaciones para empleados gubernamentales de carrera, para que,“en el caso de rechazar promocionar los intereses de política del presidente o tengan comportamientos corruptos sean fácilmente despedidos.
Según el presidente, esas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno funcionar como una empresa, pero los expertos advierten que puede desproteger a miles de funcionarios bajo la guisa de unos intereses de política que no están claros.