Al buscar cumplir la condena en su domicilio, la expresidenta argumentó tener más de 70 años, una circunstancia atenuante que la justicia tuvo en cuenta para otorgarle el privilegio.
Un tribunal federal accedió a la solicitud de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de cumplir una condena de seis años de prisión por corrupción en su domicilio en Buenos Aires.
Los jueces dictaminaron que Fernández, de 72 años, puede cumplir la condena en el apartamento donde vive con su hija y su nieta, alegando su edad y razones de seguridad. Fernández fue víctima de un intento de asesinato hace tres años.
En el fallo, el tribunal determinó que Fernández debe permanecer en el domicilio registrado, obligación que no puede incumplir salvo en situaciones excepcionales.
El tribunal también ordenó que Fernández sea sometida a un dispositivo de vigilancia electrónica para monitorear sus movimientos.
La semana pasada, el máximo tribunal de Argentina confirmó la sentencia de Fernández al dictar un fallo que la inhabilitó permanentemente para ejercer cargos públicos por la condena por corrupción que la declaró culpable de haber encomendado contratos estatales a una amiga mientras era primera dama y presidenta.
El fallo contra Fernández, provocó que sus partidarios salieran a las calles de Buenos Aires, la capital del país, y bloquearan las principales autopistas en protesta.
El fallo prohibió a Fernández presentarse a las elecciones legislativas de Buenos Aires de este otoño, pocos días después de que lanzara su campaña.
El tribunal desestimó la solicitud de la fiscalía de que Fernández cumpliera condena en prisión. Los jueces afirmaron que la integridad física de la líder política se volvería compleja en una situación de encierro en prisión en convivencia con cualquier tipo de población carcelaria.
Al buscar cumplir la condena en su domicilio, la expresidenta argumentó tener más de 70 años, una circunstancia atenuante que la justicia tuvo en cuenta para otorgarle el privilegio.
Fernández se vio envuelta en múltiples escándalos de corrupción durante su mandato. Fue condenada en 2022 por corrupción en un caso centrado en 51 contratos públicos de obras públicas adjudicados a empresas vinculadas a Lázaro Báez, magnate de la construcción convicto y amigo de la pareja presidencial, a precios un 20% superiores a la tarifa estándar en un proyecto que le costó al estado decenas de millones de dólares.
Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los jueces. Afirmó que su defensa no tuvo acceso a gran parte de las pruebas y que estas se obtuvieron sin respetar los plazos legales.
