El 8 de junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó respecto a una decisión de política interna de Estados Unidos de aplicar sus leyes migratorias en la ciudad de Los Ángeles.

Dijo: “No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a resolver”. En virtud de que ciertamente la mayoría de los afectados son personas de origen mexicano.

El pasado fin de semana, durante una manifestación contra la gentrificación, que respaldaba la postura de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se presentaron hechos de violencia en contra de ciudadanos mexicanos y extranjeros, y sus intereses.

Esto llamó la atención del gobierno de Estados Unidos que respondió de forma menos diplomática, más agresiva, pero más o menos lo mismo que argumentaba la presidenta Sheinbaum.

La gentrificación es también un fenómeno migratorio, tiene también un componente económico, y afecta a los habitantes locales tanto como la emigración a Estados Unidos. Por eso, si hay congruencia en exigir respeto a los emigrantes mexicanos, hay que tener respeto por los inmigrantes estadounidenses, o de donde sean.

La gentrificación es una migración internacional y no puede encontrar en el Gobierno de la Ciudad de México un muro de esa lucha de clases que enarbolan y que se desfoga en manifestaciones que después no pueden contener.

Las manifestaciones violentas y xenófobas del sábado pasado en la Ciudad de México ganaron titulares en los medios estadounidenses y la atención del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) que no dejaron pasar el hecho.

Habitualmente hay poca atención a lo que hace el gobierno de la Ciudad de México. Los ciudadanos son apáticos y cualquier crítica se matiza en la realidad de que vivir bajo el ala de la Cuarta Transformación garantiza impunidad, pero no hay duda de que la ciudad está en uno de sus peores momentos.

Nos parece normal que las calles estén llenas de baches y socavones y no lo es, es una de tantas irresponsabilidades de las autoridades del gobierno central y de las alcaldías.

El libre tránsito en un derecho menor frente a la “libertad de manifestación” que cierra calles y avenidas, todo es cuestión de clientelas políticas y de preferir ser una sociedad anárquica, antes que ejercer la autoridad.

Mientras haya más potenciales votantes que reciban alguna dádiva del Bienestar, importará menos la condición del Metro de la capital, el número de baches mortales en las vialidades, la cantidad de días perdidos en el tráfico derivado del cierre de calles, lo que vale es lo que muestren las encuestas.

La policía capitalina tiene bien identificados a los grupos violentos, pero claramente tienen la orden de dejarlos actuar con impunidad en las manifestaciones.

Los costos son muy altos, pero los pagan los particulares, son los que reparan y los que pagan impuestos para reponer todo lo destruido y eso se lo ahorran las autoridades que no ejercen su obligación de hacer cumplir la ley.

Sin embargo, lo sucedido el sábado ya encendió focos de alerta fuera del país y por lo tanto en Palacio Nacional, porque sí hay un doble discurso y porque hay una afectación directa a esos extranjeros.