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Los cargos en las diversas acusaciones incluyen negligencia profesional en el diseño, la supervisión o las prácticas de construcción que no cumplieron con las normas de ingeniería.

Fiscales tailandeses han imputado formalmente a 23 personas y empresas por cargos relacionados con el derrumbe de un edificio de oficinas en Bangkok tras un terremoto que causó la muerte de al menos 92 personas.

El rascacielos, aún parcialmente construido, que albergaría la nueva Oficina Estatal de Auditoría, fue el único en Tailandia que colapsó por completo el 28 de marzo debido al terremoto de magnitud 7,7, con epicentro en la vecina Myanmar.

Entre los imputados se encuentran los contratistas principales del proyecto: Italian-Thai Development Co. y su socio chino en la empresa conjunta China Railway No. 10.

El presidente de Italian-Thai Development, Premchai Karnasuta, y el director local de China Railway No. 10, Zhang Chuanling, también fueron imputados, junto con otros, entre ellos diseñadores, ingenieros y varias otras empresas.

Los cargos en las diversas acusaciones incluyen negligencia profesional en el diseño, la supervisión o las prácticas de construcción que no cumplieron con las normas de ingeniería, lo que puso en peligro a terceros y causó muertes, según un comunicado de la Fiscalía General. Otros cargos incluyen falsificación y uso de documentos falsificados.

Varios de los acusados ya se habían entregado a la policía y negaron haber actuado mal.

Una investigación policial y de otros funcionarios determinó que fallas de diseño y estructurales fueron la causa del derrumbe del edificio y que algunos de los diseños aprobados oficialmente no se implementaron.

El epicentro del terremoto se situó en el centro de Myanmar, donde cobró la vida de más de 3.700 personas y causó importantes daños en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, y en la capital, Naipyidó.

La acusación formal contra Premchai, de la empresa italo-tailandesa de desarrollo, es su segundo problema grave con la ley. En 2019, fue condenado por matar animales protegidos y posesión ilegal de armas mientras cazaba en un santuario de vida silvestre, por lo que cumplió aproximadamente tres años de prisión.

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