Un investigador respaldado por la ONU afirma que su equipo ha descubierto pruebas significativas de tortura sistemática en los centros de detención de Myanmar, incluyendo descargas eléctricas, estrangulaciones, violaciones en grupo y quemaduras de partes del cuerpo durante el último año.

Nicholas Koumjian hizo estas declaraciones mientras el equipo internacional independiente que dirige publicaba su último informe anual, centrado en un período de un año que finaliza el 30 de junio.

Myanmar ha estado sumido en la inestabilidad desde que el ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, lo que desencadenó una guerra civil. Tras la represión de manifestaciones pacíficas con fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, y amplias zonas del país se encuentran ahora sumidas en el conflicto.

El equipo afirmó haber avanzado en la identificación del personal de seguridad involucrado en operaciones en los centros de detención y de los autores de ejecuciones sumarias de combatientes capturados o civiles acusados de ser informantes. Entre los autores se encontraban fuerzas de seguridad, milicias afiliadas y grupos armados de la oposición, indicó.

El informe detalla la tortura documentada en los centros de detención de Myanmar, que incluye palizas, descargas eléctricas, estrangulaciones, violaciones en grupo, quemaduras de partes del cuerpo y otras formas de violencia sexual, según un resumen de sus hallazgos.

Su equipo ha abierto nuevas investigaciones sobre las atrocidades cometidas contra las comunidades del estado de Rakáin, mientras el ejército y la fuerza de oposición, conocida como el Ejército de Arakan, se disputan el control del territorio.

Más de 700.000 personas de la minoría rohinyá huyeron al vecino Bangladesh en 2017 para escapar de la persecución en Myanmar. Unas 70.000 más cruzaron la frontera el año pasado cuando el Ejército de Arakán tomó el control de Rakáin.

El Mecanismo de Investigación Independiente sobre Myanmar trabaja desde 2018 bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos, respaldado por la ONU, para documentar los abusos y violaciones de derechos humanos en el país.

Ha compartido pruebas con las autoridades que investigan casos relacionados con los rohinyá ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de la ONU.