El gobierno de Nueva Zelanda pondrá fin a la participación de la policía en la regulación de la tenencia de armas, según anunció una funcionaria al presentar amplias reformas a la ley de armas de fuego.

Esta medida busca aliviar las tensiones entre el organismo regulador de armas y los propietarios de armas, que se han mantenido tensas desde la creación de la agencia tras la masacre en dos mezquitas de Nueva Zelanda.

La Autoridad de Seguridad de Armas de Fuego ha supervisado la tenencia de armas desde 2022, después de que una investigación revelara cómo el atacante supremacista blanco adquirió legalmente numerosas armas sin llamar la atención de las fuerzas del orden.

Los cambios anunciados en Wellington por la Ministra Asociada de Justicia, Nicole McKee, no llegaron a cumplir los temores del sindicato policial y de las familias de las víctimas de la masacre de Christchurch: la revocación de la prohibición casi total de las armas semiautomáticas, aprobada tras el ataque que asesinó a 51 musulmanes durante la oración del 15 de marzo de 2019.

McKee, quien antes de ingresar al Parlamento en 2020 defendía los intereses de los propietarios de armas, declaró a la prensa que su propuesta para flexibilizar la prohibición de armas semiautomáticas para algunos tiradores deportivos no fue aprobada por el Gabinete. Su gobierno ya se había negado a descartar la posibilidad de revocar la prohibición.

En cambio, sus cambios se centraron en retirar a los agentes uniformados del organismo regulador y modificar su función de supervisión. Una vez aprobada la ley de McKee, la autoridad reportará directamente al gobierno, en lugar de al jefe de la Policía de Nueva Zelanda.

La ley eliminará a la policía de la expedición de licencias de armas.

“No habrá policías uniformados en la Autoridad de Seguridad de Armas de Fuego”, afirmó McKee, refiriéndose a los uniformes policiales. Los 15 agentes que trabajaban en la autoridad volverían a sus funciones policiales, que seguirán incluyendo la aplicación de las leyes contra los delitos con armas de fuego.

“Necesitamos reconstruir la confianza entre el organismo regulador y la comunidad de propietarios de armas de fuego con licencia, confianza que se ha visto gravemente mermada en los últimos seis años”, declaró McKee. Añadió que “gran parte de la culpa” del ataque de Christchurch recayó sobre los propietarios de armas, quienes afirman que la policía debería centrarse en el cumplimiento de la ley, no en el cumplimiento de la normativa ni en la expedición de licencias.

Actualmente, el organismo regulador forma parte del departamento de policía. La modificación legislativa crearía una estructura jurídica más independiente que solo compartiría servicios corporativos con las fuerzas del orden.