Un bloque de siete organizaciones sociales y de derechos humanos de Guatemala denunció que la persecución política ha forzado al exilio a más de 100 personas solo entre enero y septiembre de 2024, y alertó sobre un escenario crítico de cara a la renovación de las altas cortes en 2026.

Durante la presentación de un informe sobre criminalización, Rafael Cruz, abogado de la organización Cristosal, detalló que han identificado un patrón sistemático que inicia con acoso en redes sociales, avanza hacia la judicialización y culmina con la búsqueda de condenas en tribunales específicos.

La alarma de las organizaciones se proyecta hacia 2026, año de las llamadas elecciones de segundo grado, un proceso clave donde se definirá la continuidad o el relevo de autoridades en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entre ellas, la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras y sancionada por más de 30 países por corrupción y acciones antidemocráticas, a la que señalan de haber intentado impedir que el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, asumiera el poder por medio de casos judiciales espurios luego de su inesperada victoria electoral en 2023.

En Guatemala, las comisiones de postulación, el Congreso de la República y el Ejecutivo designan a los altos cargos de justicia sin voto popular directo.

Cruz advirtió que el recrudecimiento de la represión podría provocar una «abstinencia de personas idóneas» para postularse a estos cargos por temor a que las procesen, lo que facilitaría que actores antidemocráticos copen las instituciones antes de las elecciones generales de 2027.

Ante esta situación, las organizaciones lanzaron una herramienta digital para recolectar denuncias y visibilizar a las víctimas, con el objetivo de contrarrestar el subregistro y evitar que los casos queden en el olvido.

Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG) y quien denuncia haber sido criminalizada por el sistema de justicia, cerró el acto enfatizando que la amenaza sigue latente.