El gobierno de Rodrigo Paz y los sindicatos obreros y campesinos en Bolivia acordaron la abrogación del decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma que mantenga esa disposición, pero que anule otras que generaron rechazo en esos sectores.

El acuerdo es fruto del diálogo entre los máximos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones campesinas con seis ministros, incluido el de la Presidencia, José Luis Lupo.

Además de la elaboración del nuevo decreto, los sectores movilizados anunciaron que se levantarán todas las medidas de presión, incluidos los bloqueos de carreteras iniciados el pasado martes.

El documento establece que el decreto 5503 se abrogará en su totalidad y que a partir de la firma del acuerdo se creará una comisión para elaborar un nuevo decreto que mantendrá de manera exclusiva los artículos referidos a la subvención de combustibles.

En la nueva norma también se mantendrán las disposiciones sobre la reprogramación de créditos en el sistema bancario, “la mejora de los bonos sociales y el ordenamiento de la política salarial”.

“La COB y todas las organizaciones afiliadas y representadas en el encuentro determinan el levantamiento inmediato de las medidas de presión, manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación del decreto”, agrega.

Tras la firma del acuerdo, el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, declaró que “aquí no han perdido los ministros, no han ganado los dirigentes, ha ganado Bolivia”.

El diálogo se realizó en una sede campesina en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que era una de las principales afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el martes.

La COB y los sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron marchas callejeras desde el 22 de diciembre y desde el martes bloquearon carreteras para exigir la abrogación del decreto 5503.

El decreto estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.