El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una lista de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados de delitos graves relacionados con narcotráfico y uso de armamento de alto poder, en un caso que ha generado un fuerte impacto político y diplomático entre México y Estados Unidos.

Entre los señalados destacan el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quienes enfrentan cargos por conspiración para la importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para el uso de este tipo de armamento.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos podrían enfrentar penas que van desde un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

La acusación se extiende a una decena de perfiles clave dentro de la estructura política y de seguridad en Sinaloa, lo que, según las investigaciones, evidenciaría una presunta red de complicidad institucional.

En la lista también figuran:

• -Enrique Díaz Vega, señalado por conspiración para la importación de drogas y posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército.
  
• -Dámaso Castro Saavedra, acusado por los mismos delitos relacionados con narcotráfico y armamento.
  
• -Marco Antonio Almanza Avilés, vinculado a operaciones de tráfico de drogas y armas.
  
• -Alberto Jorge Contreras Núñez, también exjefe de la Policía de Investigación, señalado como parte de la estructura criminal.
  
• -Gerardo Mérida Sánchez, acusado de facilitar actividades delictivas.
  
• -José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, vinculado a los mismos cargos.
  
• -Juan de Dios Gámez Mendívil, quien enfrenta acusaciones por conspiración de narcotráfico y posesión de armamento.
  
• -Juan Valenzuela Millán, excomandante policial, señalado además por delitos de secuestro que resultaron en la muerte de víctimas, por lo que podría enfrentar cadena perpetua obligatoria.
  

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían participado en una estructura que facilitaba el tráfico de drogas hacia ese país, así como el uso y resguardo de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

Este caso, que había sido anticipado días antes por medios internacionales, marca un nuevo punto de tensión en la relación bilateral en materia de seguridad, particularmente en el combate al crimen organizado y la corrupción.

Además del impacto judicial, las acusaciones podrían tener repercusiones políticas de alto nivel en México, al involucrar a funcionarios en activo y figuras relevantes del ámbito gubernamental.

Hasta el momento, varios de los señalados han rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas, mientras se espera el desarrollo de los procesos legales en Estados Unidos, que podrían definir uno de los casos más relevantes en materia de cooperación internacional contra el narcotráfico.