La Arquidiócesis de San Francisco anunció un acuerdo sin precedentes para pagar 395 millones de dólares a 530 personas que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, en muchos casos cuando eran menores de edad.

Los hechos denunciados se remontan a varias décadas atrás, aunque muchos casos habían quedado fuera del alcance judicial por prescripción. Sin embargo, una legislación aprobada en California abrió una ventana legal entre 2020 y 2022 que permitió reactivar miles de denuncias relacionadas con abusos sexuales en instituciones religiosas y educativas.

El arzobispo Salvatore Cordileone reconoció públicamente la responsabilidad moral de la Iglesia en estos hechos, asegurando que el acuerdo busca ofrecer una reparación a sobrevivientes que han cargado con el daño durante gran parte de su vida. También ofreció disculpas a las víctimas y afirmó que la institución enfrenta una obligación ética de responder a los crímenes cometidos por miembros del clero.

Entre los testimonios, víctimas como Margie O’Driscoll, quien sufrió abusos hace más de 50 años en un centro escolar católico, señalaron que durante décadas fueron ignoradas o desacreditadas por la propia arquidiócesis, lo que agravó el impacto emocional del abuso.

Como parte del acuerdo legal, la Iglesia deberá implementar al menos 14 medidas de protección y reparación, entre ellas la creación de mecanismos de denuncia más accesibles, la publicación parcial de nombres de agresores y la capacitación para prevenir nuevos casos.

Además, se contratará a un consultor independiente que tendrá acceso completo a los archivos internos de la arquidiócesis para elaborar un informe detallado sobre los abusos cometidos, patrones de encubrimiento y posibles fallas institucionales.

El acuerdo también contempla la creación de una línea telefónica de denuncia para víctimas y sobrevivientes, así como programas de apoyo psicológico y acompañamiento.

El convenio todavía deberá ser aprobado por las víctimas y posteriormente ratificado por un juez antes de su entrada en vigor.