El Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) contra el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, al considerar que sus recientes declaraciones ponen en duda la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil.

La acción judicial fue promovida por la Federación Brasil de la Esperanza, integrada por el PT, el Partido Verde y el Partido Comunista de Brasil, que acusa al legislador y a otros dirigentes de la derecha de impulsar una campaña coordinada de desinformación capaz de afectar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

La denuncia también alcanza a figuras del bolsonarismo como los diputados Julia Zanatta y Gustavo Gayer, así como al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente reside en Estados Unidos.

El oficialismo solicitó al Tribunal Superior Electoral ordenar el retiro inmediato de publicaciones difundidas en redes sociales por los involucrados, además de imponer multas de 30 mil reales por cada contenido considerado desinformativo. También pidió que las principales plataformas digitales implementen medidas para impedir la difusión y monetización de publicaciones que relacionen el sistema electoral brasileño con la empresa Smartmatic o difundan versiones que, a juicio de los demandantes, carecen de sustento.

La controversia surgió después de que Flávio Bolsonaro participara en una reunión con diplomáticos de más de 40 países, donde afirmó que las urnas electrónicas brasileñas compartían origen tecnológico con equipos utilizados por la empresa venezolana Smartmatic y mencionó un supuesto informe de la CIA sobre las elecciones en Venezuela.

Sin embargo, el equipo del senador negó que esas declaraciones representaran un cuestionamiento al sistema electoral brasileño. En un comunicado sostuvo que Flávio Bolsonaro expresó su confianza en el proceso de votación y únicamente defendió la importancia de fortalecer la observación internacional para aumentar la transparencia y la confianza pública en las elecciones.

El caso revive uno de los episodios más polémicos de la política brasileña reciente. En 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro realizó señalamientos similares durante un encuentro con embajadores extranjeros, hecho que posteriormente derivó en su inhabilitación política por ocho años, al considerar la justicia electoral que utilizó su cargo para desacreditar sin pruebas el sistema de votación del país. Ahora, el Tribunal Superior Electoral deberá determinar si admite la nueva denuncia y si existen elementos para imponer las medidas solicitadas por el oficialismo.