El gobierno de Costa Rica abrió una investigación contra 116 policías señalados en un informe de inteligencia por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

La presidenta Laura Fernández anunció la pesquisa y aseguró que su administración no permitirá actos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. “No vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El documento, elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública y divulgado por el diario local La Nación, señala que algunos agentes presuntamente habrían colaborado con grupos criminales, incluso realizando labores de escolta para narcotraficantes o facilitando operaciones relacionadas con aeronaves utilizadas para actividades ilícitas.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que el expediente será enviado a la Fiscalía para investigar tanto a los policías señalados como a los funcionarios que, según acusó, recibieron el informe meses atrás y no iniciaron acciones.

Campos afirmó que durante la administración anterior no se ordenó ninguna investigación pese a la existencia del documento, por lo que también podrían revisarse posibles omisiones de autoridades que tuvieron conocimiento del caso.

La mandataria costarricense señaló que los elementos que resulten responsables enfrentarán consecuencias legales y que aquellos condenados podrían ser enviados a centros penitenciarios de máxima seguridad.

Costa Rica, considerado durante décadas uno de los países más estables de la región, enfrenta en los últimos años un incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas.