El Gobierno del presidente Donald Trump planea ampliar su estrategia de cobranza migratoria fuera de Estados Unidos mediante la contratación de una empresa privada que localice en México, Guatemala y Honduras a migrantes deportados o que abandonaron voluntariamente el país y que aún mantienen multas pendientes de pago.

De acuerdo con una convocatoria emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la empresa deberá identificar a los deudores, notificarles el monto de la sanción y gestionar su pago, ya sea de forma inmediata, mediante un plan de pagos o a través de un tercero que cubra la deuda.

Como parte del proceso, el contratista tendrá que comprobar que localizó a la persona correcta mediante evidencia como fotografías del domicilio, recibos de servicios, registros laborales o, en caso de fallecimiento, un certificado de defunción.

Las autoridades estadounidenses estiman que 66 mil 387 migrantes expulsados o que salieron voluntariamente del país mantienen multas civiles sin liquidar. En conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que las sanciones pendientes ascienden a 423 millones de dólares.

La Administración Trump reactivó el cobro de estas multas por violaciones a la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de órdenes de deportación. Actualmente, la sanción puede alcanzar 998 dólares por día, tras los ajustes por inflación aplicados a la multa originalmente establecida en 1996.

Aunque Estados Unidos ya trabaja con empresas privadas para recuperar este tipo de adeudos, hasta ahora sus operaciones se limitaban al territorio estadounidense. Con esta nueva contratación, Washington busca extender la localización y cobranza directamente en los países donde residen los migrantes deportados, fortaleciendo así su política de control migratorio y recuperación de sanciones económicas.