La Fiscalía reportó más de 10 mil sentencias contra integrantes y colaboradores de pandillas, así como 13 condenas a prisión perpetua.
La justicia de El Salvador ha sentenciado a más de 10 mil presuntos pandilleros, principalmente integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, desde la implementación del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó las cifras ante una comisión de la Asamblea Legislativa que analiza el presupuesto nacional para 2027. Según informó, los datos corresponden al 16 de octubre y también incluyen 13 condenas a prisión perpetua, aunque no precisó cuántas fueron impuestas a miembros de las pandillas.
Desde la entrada en vigor de la medida, las autoridades han detenido a más de 96 mil personas acusadas de pertenecer a estas estructuras criminales o colaborar con ellas. La estrategia ha sido defendida por el Gobierno como una herramienta para combatir la violencia, pero también ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos por las denuncias de detenciones arbitrarias y las más de 500 muertes de personas bajo custodia estatal reportadas durante este periodo.
En paralelo, la Fiscalía registró 244 absoluciones y 10 sobreseimientos relacionados con personas detenidas en el marco del régimen de excepción, de acuerdo con los datos presentados por Delgado.
El presidente Bukele anunció recientemente que su Gobierno revisará los casos de aproximadamente 10 mil 629 detenidos identificados como colaboradores ocasionales de las pandillas. Según adelantó, cerca de la mitad podría acceder a beneficios penitenciarios mediante el programa Cero Ocio, que contempla actividades de rehabilitación y podría facilitar una salida anticipada de prisión.
El mandatario aclaró que la revisión no contempla liberar a integrantes de las pandillas, sino evaluar la situación de quienes habrían colaborado con estas estructuras sin pertenecer formalmente a ellas.
La política de seguridad salvadoreña continúa marcada por el elevado número de detenciones y condenas, así como por el debate sobre las garantías judiciales, las condiciones penitenciarias y el alcance de las medidas extraordinarias implementadas desde 2022.
