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Argentina incorporó a cinco grupos criminales y guerrilleros a su registro antiterrorista, con el objetivo de reforzar la vigilancia, prevenir actividades ilícitas y ampliar la cooperación internacional.

El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, además de otros tres grupos criminales y guerrilleros de América Latina, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico y las redes delictivas transnacionales.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, también incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización ecuatoriana Los Tiguerones. Las cinco agrupaciones fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

De acuerdo con el Gobierno argentino, la decisión responde a la expansión regional de estas organizaciones, su capacidad operativa y la diversificación de sus actividades ilícitas, factores que, según las autoridades, representan riesgos para la seguridad y el patrimonio de la población.

En el caso del Cártel de Sinaloa, las autoridades argentinas destacaron sus actividades relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. Sobre La Nueva Familia Michoacana, señalaron su presunta participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

Por su parte, Los Tiguerones fueron identificados como un grupo vinculado al narcotráfico y al sicariato, mientras que las FARC-EP y el ELN fueron descritos como organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda.

La medida fue coordinada por distintas dependencias argentinas, entre ellas los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, además de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Según el Gobierno, la incorporación al registro permitirá fortalecer el intercambio de información con otros países y facilitar acciones para detectar y prevenir el financiamiento del terrorismo.

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