El Gobierno estadounidense busca reanudar un proyecto de mil 700 millones de dólares en el parque nacional Big Bend, frenado por una orden judicial ante posibles daños ambientales.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema que le permita reanudar la construcción de un muro fronterizo y otras infraestructuras de seguridad en una zona de Texas que incluye terrenos del parque nacional Big Bend, ubicado junto a la frontera con México.
El Departamento de Justicia pidió a los magistrados levantar una orden judicial emitida por un tribunal inferior, que impide avanzar con las obras. El Gobierno argumenta que la medida obstaculiza sus esfuerzos para combatir el ingreso irregular de migrantes y el tráfico de drogas a lo largo de un tramo fronterizo de aproximadamente 800 kilómetros.
El proyecto, cuyo costo se estima en mil 700 millones de dólares, contempla la instalación de barreras físicas, una carretera de acceso, cámaras y sensores para reforzar la vigilancia. La iniciativa forma parte de la estrategia migratoria de Trump, quien al regresar a la Casa Blanca, en enero de 2025, ordenó intensificar el control de la frontera sur.
Sin embargo, la construcción ha generado controversia por su posible impacto ambiental. Organizaciones conservacionistas que promovieron la demanda sostienen que el Gobierno recurrió a excepciones legales para acelerar las obras, dejando de lado decenas de disposiciones, principalmente relacionadas con la protección del medioambiente.
El parque nacional Big Bend comprende más de 324 mil hectáreas de territorio protegido, donde habitan especies amenazadas y existen importantes yacimientos arqueológicos, además de paisajes naturales de alto valor ecológico.
A principios de 2026, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que el proyecto podía quedar exento de diversas leyes debido a una supuesta necesidad urgente de reforzar la seguridad fronteriza.
La decisión de la Corte Suprema será clave para determinar si el Gobierno puede continuar con las obras mientras avanza la disputa legal. El caso enfrenta las prioridades de seguridad y control migratorio de la Administración Trump con las exigencias de protección ambiental en una de las regiones naturales más importantes de la frontera entre Estados Unidos y México.
