“En este gravísimo contexto socio-político, el régimen continúa reprimiendo cualquier intento de renacimiento democrático”, aseguró la organización Save Democracy
La semana pasada, Nicaragua les retiró la nacionalidad a 94 ciudadanos -con lo que sube a 317 la cifra de apátridas en los últimos días- por sus críticas hacia Daniel Ortega, quien además ordenó el destierro de 222 ex prisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos.
Hasta ahora, los Gobiernos latinoamericanos no han condenado de forma unánime el caso de los 317 apátridas nicaragüenses, con la excepción de Chile.
Colombia y México han reaccionado con cautela, en tanto Brasil y Argentina han guardado silencio, al igual que el resto de los países centroamericanos.
En ese sentido, la ONG Save Democracy instó al resto de las democracias latinoamericanas a apoyar la lucha de los presos políticos y los llamó “a que se expresen contundentemente en contra de estas acciones totalitarias, y solidariamente brinden apoyo a los ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad y propiedad privada”.
En un comunicado, el organismo además expresó “su más profundo repudio a la violación sistemática, y cada vez más frecuente, de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la privación ilegítima de la libertad y la flagrante violación del derecho a la nacionalidad y a la propiedad privada de numerosos nicaragüenses por intentar ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos políticos y sociales de carácter universal”.
Por último, esa ONG instó “al gobierno de Nicaragua a que garantice inmediatamente los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada y, en este mismo sentido, exige la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por ser opositores políticos, incluyendo a quienes participan en organizaciones de la sociedad la civil y defienden los derechos de las mujeres”.
En esa línea, pidió que el régimen sandinista “adopte pasos urgentes para la recuperación democrática y el Estado de derecho, y se abstenga de seguir adoptando acciones autocráticas contra los defensores de los derechos humanos o contra las personas que expresen opiniones críticas”.
