La Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) denunció los presuntos abusos cometidos por sacerdotes de Chicago y otros clérigos en Perú, Colombia, Canadá y Australia.
Sobrevivientes de abusos sexuales del clero intensificaron sus reclamos por una política global de tolerancia cero desde la ciudad natal estadounidense del nuevo papa y cuestionaron el historial de León XIV en su trato con sacerdotes acusados, desde Chicago hasta Australia.
Los casos abarcan los cargos anteriores de Robert Prevost, incluyendo la dirección de una orden religiosa católica, su obispado y la dirección de la oficina del Vaticano para obispos, donde fue nombrado cardenal.
La Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) denunció los presuntos abusos cometidos por sacerdotes de Chicago y otros clérigos en Perú, Colombia, Canadá y Australia, donde argumentó que el nuevo papa debería haber hecho más.
Además de una ley mundial de tolerancia cero para sacerdotes acusados, SNAP ha pedido una comisión global de la verdad, reparaciones para los sobrevivientes y medidas de transparencia para la Iglesia.
“Esperamos que el Papa León haga lo correcto”, declaró Shaun Dougherty, presidente de SNAP, a la prensa en Chicago. “Nuestra intuición, según nuestra experiencia, nos dice que necesitará presión”.
Nadie ha acusado al nuevo Papa de ningún acto de abuso ni de mantener a sabiendas a abusadores confirmados en el ministerio público, lo cual ha sido el mayor escándalo que ha azotado a la Iglesia Católica recientemente.
Los defensores de las víctimas afirmaron que debería haber involucrado a las autoridades antes, haber denunciado abiertamente a los sacerdotes acusados y haber trabajado para despojarlos de sus cargos. SNAP ha estado recopilando pruebas de cómo la Iglesia ha encubierto a los abusadores y ha proporcionado comunicaciones internas que hacen referencia a casos, incluso en Chicago.
Los sobrevivientes han exigido que la Iglesia adopte una política global que expulse permanentemente del ministerio a un sacerdote por un solo acto de abuso sexual admitido o establecido según la ley eclesiástica. Esta ha sido la política en la Iglesia estadounidense desde el punto álgido del escándalo en 2002, pero el Vaticano no la ha impuesto a nivel mundial.