Se giró una orden por parte de la jueza federal de Estados Unidos quien solicitó desmantelar dentro de 60 días el centro de detención migratoria de “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes) al oeste de Miami, además de impedir el ingreso de nuevos migrantes, tras considerar una demanda de grupos ambientalistas.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural de los Everglades.

Esta orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, abierto el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta orden también impide traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden, aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura ya existente.

Pasados los 60 días, las autoridades deberán quitar el cerco para permitir el paso de la tribu Miccosukee, pueblo indígena que pertenece a la zona, remover la iluminación industrial del lugar, y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Esta demanda busca frenar por razones ambientales el centro, con una capacidad actual para 2.000 personas que esperaba crecer a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), por construirse en un área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes, y cocodrilos.

La orden se anticipaba desde la mañana, cuando el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando, aseguró que solo quedan 336 migrantes en el centro tras recorrerlo, un tercio de la cantidad que había hace semanas.

Esta es una demanda distinta a la que interpusieron, por razones migratorias, defensores liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representan a migrantes detenidos por denuncias de violaciones a sus derechos humanos.

Pese al fallo, se espera que la batalla judicial continúe, pues el gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), por lo que habia prometido antes combatir los eventuales fallos.