El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitó atención urgente y cooperación internacional para hacer frente a esta problemática.

Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que las conclusiones se sustentan en información proporcionada por el Estado mexicano, testimonios de víctimas, aportaciones de organizaciones civiles y antecedentes recopilados desde 2012.

El organismo activó por primera vez el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite llevar ante la Asamblea General situaciones de especial gravedad. No obstante, Albán Alencastro aclaró que esta decisión no constituye una determinación de responsabilidad internacional contra México y señaló que no encontró indicios fundados de una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas.

El Comité también advirtió que persisten desafíos estructurales en la búsqueda de personas, las investigaciones, la identificación humana y la atención de la crisis forense, por lo que consideró necesario reforzar la protección de las víctimas y sus familias.

Ante estos señalamientos, el Gobierno de México manifestó su desacuerdo con la interpretación jurídica del organismo sobre el alcance del artículo 34. Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, defendió las acciones emprendidas por el país y reiteró el compromiso institucional con la localización de personas, el combate a la impunidad y la protección de las familias.

La delegación mexicana informó que, durante 2026, se han localizado más de 16 mil personas, la mayoría con vida, como resultado de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Asimismo, destacó el fortalecimiento de las instituciones responsables de estas tareas y la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

México también resaltó los acuerdos de cooperación con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, además del trabajo conjunto con organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar las capacidades de búsqueda, identificación e investigación.

Aunque ambas partes mantienen diferencias sobre las facultades del Comité y la interpretación de la Convención, coincidieron en la relevancia de continuar el diálogo y la colaboración. El organismo internacional adelantó que mantendrá el seguimiento de la situación mediante solicitudes de información y acciones de supervisión.