El Gobierno de Giorgia Meloni refuerza la responsabilidad de los padres y permite presumir la imputabilidad desde los 14 años, salvo prueba en contrario.
El Gobierno de Italia aprobó nuevas medidas de seguridad tras los disturbios registrados en Milán, donde varios jóvenes participaron en saqueos de comercios y actos vandálicos durante las protestas del fin de semana. La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó de preocupante la participación de menores en estos hechos y advirtió sobre el riesgo de que la violencia se convierta en un modelo para otros adolescentes.
El decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros, entró en vigor de inmediato, aunque deberá ser ratificado por el Parlamento en un plazo de 60 días. Entre sus principales disposiciones figura la presunción de que los adolescentes de 14 años o más pueden comprender sus actos y ser considerados responsables, salvo que se demuestre lo contrario.
La nueva normativa también endurece las sanciones por participar en actos violentos durante manifestaciones, con penas de hasta cinco años de prisión y multas que pueden alcanzar los 20 mil euros. Además, contempla castigos más severos cuando los participantes oculten su rostro o provoquen lesiones, así como penas de entre cuatro y 12 años para determinadas conductas relacionadas con la organización de grupos violentos.
Otro de los puntos centrales es la responsabilidad económica de los padres por los daños causados por sus hijos menores. La legislación prevé multas de entre 500 y mil euros para los progenitores de adolescentes que cometan delitos, con la posibilidad de duplicarlas en caso de reincidencia. También amplía las posibilidades de detención preventiva y de arresto posterior cuando existan pruebas suficientes.
Como parte del refuerzo de la seguridad, Italia desplegará 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, se endurecerá la respuesta ante las agresiones contra policías y se podrá prohibir el acceso a concentraciones públicas a personas con antecedentes recientes de conductas perjudiciales, incluidos menores mayores de 14 años.
Las medidas han generado preocupación entre sectores que advierten sobre posibles abusos y riesgos para los derechos fundamentales, especialmente ante una mayor participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad interna. El decreto deberá pasar por el proceso parlamentario correspondiente, durante el cual sus disposiciones podrían modificarse.
