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Una reforma a las reglas del Partido de los Trabajadores amplía las facultades del líder norcoreano y reduce la dependencia de órganos colectivos.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, avanza hacia una mayor concentración del poder tras la modificación de las normas que rigen al Partido de los Trabajadores, de acuerdo con un análisis del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur, organismo vinculado a los servicios de inteligencia de ese país.

Las reformas, aprobadas durante el IX Congreso del Partido de los Trabajadores celebrado en febrero, otorgan al secretario general —cargo que ocupa Kim— facultades explícitas para convocar y presidir reuniones de los principales órganos políticos, además de nombrar y destituir a altos funcionarios.

Las nuevas disposiciones también permiten al líder norcoreano admitir o expulsar integrantes del partido y disolver organizaciones y departamentos, lo que, según el instituto surcoreano, le proporciona un control más directo sobre la estructura política sin depender necesariamente de decisiones colectivas.

Los cambios también fortalecen la supervisión del partido sobre el gobierno y las fuerzas armadas. Las nuevas reglas establecen que el Comité Central debe celebrar sesiones plenarias al menos cada seis meses y permiten al Politburó tomar decisiones importantes durante periodos de guerra cuando cuente con la autorización correspondiente.

Otro elemento destacado es la eliminación de referencias a los principales logros de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte y abuelo del actual dirigente, así como de Kim Jong-il, su padre y antecesor. En su lugar, las normas revisadas colocan un mayor énfasis en el liderazgo de Kim Jong-un.

El instituto surcoreano considera que las modificaciones forman parte de una nueva etapa que denominó “era Kim Jong-un 2.0”, caracterizada por una mayor centralización del poder alrededor del actual líder norcoreano.

Las reformas también mantienen el abandono de la política tradicional de reunificación con Corea del Sur y endurecen las medidas disciplinarias dentro del partido, mientras elevan de 18 a 20 años la edad mínima para incorporarse a la organización política.

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